En puridad jurídica, estos seis días (que se vienen incrementando con más días adicionales en función de los años de servicio) son de “asuntos particulares”, dado que los genuinos “asuntos propios” se refieren a la posibilidad que tienen dichos empleados públicos de solicitar hasta tres meses de permiso cada dos años, pero sin sueldo ni cómputo a efectos de trienios o antigüedad.
Esta mañana, precisamente, ante la tan demagógica, como ignorante desde el punto de vista económico, actitud del presidente del Gobierno de la Nación en orden a gravar con mayor intensidad a las rentas más altas (que algunos se han atrevido a cifrar en el mínimo de 80.000 euros al año); me decía un empleado público con negocios particulares que la alternativa que le deja esta pretensión es pedir los meses de asuntos propios en su integridad, con el fin de no llegar a ese tope y, por lo que respecta a sus negocios, cobrar a dos manos, es decir, en “A” y en “B”.
Hecha la ley, hecha la trampa, como siempre, con el agravante de que lo que realmente se va a conseguir es desincentivar a los trabajadores, sometidos al yugo de una cada vez más voraz Hacienda, al mismo tiempo que contemplan con furia contenida cómo se lo llevan crudo los políticos (que se han rodeado de privilegios y exenciones tributarias durante su periplo como tal y para su vejez, y que en algún caso, ante la previsión del límite para ser considerados ricos, se han bajado el sueldo hasta llegar a escasos pasos de dicho límite) y otros congéneres de similar laya, sin dar un palo al agua.
Se trata, por lo tanto, de empezar a disfrutar siguiendo las previsiones del todavía presidente del Gobierno de la Nación. Menos sueldo, pero menos trabajo y menos expolio fiscal. ¿Cuándo empezarán los políticos a quitarse sus prebendas? (Léase, por ejemplo, además de las comentadas en otras ocasiones, el gasto publicado de 400.000 euros en teléfonos móviles de última generación para los Diputados del Congreso).
