Y es, tal y como adelantó este Semanario hace dos semanas, los recortes en la inversión pública también han afectado a esos acuerdos “firmados y asegurados” con los diferentes ministerios. En concreto, el origen de este nuevo cambio de rumbo no es otro que el fracaso del pacto con Fomento para cambiar la aportación municipal en las expropiaciones del aeropuerto (unos 8 millones) que obliga, primero a afrontar el grueso de la financiación al equipo de Gobierno municipal y segundo, a hacerlo desde el plano exclusivamente público para tratar de ahorrarse el coste del IVA.
Costes inasumibles
Y es que por mucho que se apruebe el nuevo proyecto, si algo parece haber quedado claro es que el Ayuntamiento está en una situación igual de complicada, o más si cabe, para sacar adelante esta infraestructura. El proyecto está, su coste es el que era (unos 57 millones de euros), pero ya se sabe que los convenios han fracasado y que el grueso de la inversión, que todavía no se sabe de dónde va a salir, le corresponde al Cogobierno (41 millones).
“Mucho se está hablando de las posibilidades de la gestión, pero muy poco del problema principal que no es otro que la falta de financiación asegurada. Estamos igual que siempre, perdiendo un tiempo precioso que corre más y más en nuestra contra”, señala tajante el presidente andaluz de la OPC (Organización de Profesionales de Congresos), Vicente Serrano.
Serrano deja muy claro que no sólo tiene serias dudas sobre cómo se van a lograr esos 41 millones que dependen del Consistorio, sino que existen una serie de costes fijos que ni se tienen en cuenta ni se están sacando a debate. “Hay que dejar claro que ninguna infraestructura de este tipo resulta rentable, en términos de gestión pura y dura, otra cosa es cómo repercuta en la ciudad”.
El responsable andaluz de los profesionales de congresos señala que “aparte de lo que se va a tener que invertir hay que asumir una serie de costes previos porque hay que realizar tareas de captación, seguimiento y promoción que deben desarrollarse por profesionales y tener una dotación económica. Estamos hablando de tres o cuatro años de este tipo de trabajos para asegurarse congresos una vez que se inaugure el edificio”.
Si estos costes ya son elevados por su propia naturaleza, los que se llevan la palma son los de mantenimiento del edificio. “Estamos hablando de un coste mínimo de mantenimiento (sin contar plantilla) de unos cinco o seis millones de euros al año. Nadie habla de esto, pero es importante”, recuerda Serrano. Al responsable de OPC no le falta razón si se miran ejemplos como el del Palacio de Congresos de Zaragoza, creado en exclusiva para la Expo 2009 y que, a día de hoy, se encuentra en un gravísimo problema económico que impide pagar los gastos básicos de luz, limpieza y seguridad.
En el terreno andaluz, sirven como ejemplo palacios como el de Málaga que, en su memoria de 2009 mostraba el éxito de sus congresos (con cerca de medio millón de visitantes) pero reconocía un déficit de casi dos millones de euros lo que refleja, por un lado la escasa rentabilidad de estos edificios y por otro, el elevado coste de mantenerlos ya que la capital de la Costa del Sol tuvo que asumir 7,2 millones de costes de mantenimiento. Otro ejemplo es el Fibes de Sevilla en donde las fuentes de la organización consultadas reconocen 10 millones de ingresos para sacar “beneficios ínfimos con los que se pagan los costes de mantenimiento y personal (46 empleados fijos y eventuales)”.
Precisamente el coste de personal es otro de los frentes que se abren en una hipotética gestión exclusivamente municipal. El Ayuntamiento tendría que buscar una fórmula similar a las de las empresas municipales y asumir los costes de plantilla, sea fija o no, un asunto que preocupa a los sindicatos municipales. “Yo si ese coste tiene que salir del Capítulo I (personal) lo veo muy complicado porque ahora mismo no está la situación para este tipo de desembolsos. No es el momento”, señala José Úbeda responsable de UGT en el Ayuntamiento.
Si la UGT tiene dudas, la CTA se muestra concluyente en boca de Rafael Bollero “viendo la situación en la que se encuentran actualmente los pagos de facturas y teniendo en cuenta la situación que se nos presenta en 2011 tiendo a pensar que esto no es más que un globo sonda porque desde luego es muy difícil que esto se pueda asumir. De donde no hay no se puede sacar”. A esto hay que unirle las palabras de Rafael Carmona (CC.OO) que considera que “el problema no es el coste inicial, sino el sobrecoste de mantener una promesa que es eminentemente política. Yo no me lo creo, más que nada porque llevamos una década y ya hemos visto muchos cambios. Personalmente, es inasumible sólo desde el Ayuntamiento que ya está sufriendo los efectos de la asfixia económica en convenios como el de las grúas”.
Gestión otra vez contracorriente
Si el problema del coste de mantenimiento es grave, más lo parece la tendencia que ya ha aventurado el Consitorio de asumir desde lo público la gestión del Centro de Congresos. En este punto hay que recordar que en apenas tres años hemos pasado del blanco al negro en este asunto. El primer proyecto, el fracaso con Ferrovial, planteaba una gestión privada de esta empresa y, tras su fracaso ahora se va al extremo opuesto sin que medie ninguna explicación.
En este sentido, Vicente Serrano asegura que “esto tienen que llevarlo profesionales y el órgano adecuado es el Consorcio de Turismo en el que están representados ayuntamiento y empresarios”, señala el responsable de los OPC andaluces que no entiende “los motivos que hay para ponernos ahora a crear comisiones técnicas y políticas, los que deben hablar son los profesionales”.
Aparte de esto, y al igual que ocurre con la gestión de las empresas municipales, el Consistorio cordobés vuelve a ponerse a nadar contracorriente con respecto al resto de capitales andaluzas. Sevilla, Málaga o Granada están evolucionando en dirección contraria a lo que plantea el Consistorio cordobés. En Málaga se reconocen pasos para abrir la gestión del Palacio a capital privado “ahora mismo se está negociando con empresas para que entren en el consejo de administración del Palacio”, señalan los responsables de prensa que indican que la plantilla fija ronda las 40 personas.
En parecida situación está el Fibes de Sevilla, pendiente de una costosa ampliación, y con una plantilla fija de medio centenar de empleados bajo la supervisión de un órgano público-privado con la supervisión de la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y la Diputación que va a cambiar en breve por mor de esa ampliación y de la necesidad de financiación externa, tal y como reconocen las fuentes consultadas. En el caso de Granada se busca lo mismo que pide Serrano, gestión del Convention Bureau apoyada por el capital privado en un acuerdo con empresas que lleva más de un año en el dique seco por los desembolsos exigidos. Para encontrar un caso similar a lo que busca el Ayuntamiento hay que irse a Cádiz en donde la gestión es pública, a través de una empresa municipal, algo que se nota en la plantilla “sólo somos unos diez empleados y algunos de carácter temporal” y en los resultados ya que pese a los 140 congresos celebrados, la cuenta de resultados en 2009 dejó unos beneficios de 51.43 euros “lo comido por lo servido”, señalan desde la capital gaditana.
Con todo esto la pregunta parece evidente ¿puede el Ayuntamiento meterse en una inversión de este calibre y además mantenerla sabiendo que no sólo no va a dar beneficios, sino que va a generar un aluvión de gastos? La respuesta, para todos menos para IU, parece clara.
a ser clave
El dictamen de la Intervención municipal se antoja clave y más si se tiene en cuenta que el Partido Popular ha condicionado su apoyo al proyecto a los informes que emitan los órganos supervisores del Consistorio (Intervención y Secretaria General). En este sentido, los miembros del PP, por boca de Luis Martín ya han expresado sus dudas sobre la conveniencia de meterse en este esfuerzo inversor y sobre los costes anuales que éste podría representar para las debilitadas cuentas municipales.
Junto a esto, el proyecto lleva unos plazos políticos que pueden acabar por dilatar aún más una primera piedra que ya han puesto virtualmente tanto Rosa Aguilar (lo aseguró en 2007) como Andrés Ocaña (se esperaba para octubre de este año). Según las fuentes consultadas, junto a la comisión de Urbanismo habrá otra política que tendrá un plazo de tres meses, prorrogable a otros tres, en la que se tratará de sentar un acuerdo con el que poner en marcha el ansiado proyecto que, de momento, sigue siendo sólo una maqueta virtual.
