En este sentido, este primer borrador sí dedica un apartado específico a las cooperativas agrarias, donde, entre otras cosas, se habla ya del tan polémico voto plural, o de rebajar los límites para que estas entidades puedan operar con terceros.
De igual forma, este documento de trabajo interno plantea reducir a la mitad los plazos de constitución de una cooperativa, así como flexibilizar y agilizar su gestión, mediante la posibilidad de que determinadas competencias puedan pasar a ser potestad de los consejos rectores de las cooperativas, en vez de competencia exclusiva de las asambleas.
No obstante, y según las distintas fuentes consultadas, este documento –además de que debería estar ya más avanzado en el tiempo– traza los grandes rasgos de la reforma, pero sin entrar aún en la letra pequeña, por lo que las distintas organizaciones del sector como FAECA, ASAJA, COAG o CEPES aún desconocen cómo se articularán verdaderamente todos estos aspectos.
A modo de ejemplo, y aunque las intenciones de la Consejería ya hablan del voto plural o ponderado, todavía no se define con exactitud cómo será este tipo de voto. Así, y según las distintas normativas autonómicas existentes en España –la andaluza es la única que aún no recoge este tipo de voto–; este sistema se canaliza concediendo a cada socio un número de votos en proporción a la actividad que realiza de la mano de su cooperativa, con un límite total de votos por socio que suele oscilar entre 5 y 10, evitándose así que unos pocos puedan hacerse con la mayoría de los votos.
De 1 a 10 votos en Andalucía
Al respecto, desde la mayoría del sector andaluz se viene demandando una escala con tope de 10, aunque, como afirmó a El Semanario el director gerente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), Rafael Sánchez de Puerta, el sector no está pidiendo que el voto plural a escala de 10 sea obligatorio para todos, “sino que se abra la posibilidad de que aquellas cooperativas que lo deseen, y así lo decidan sus asambleas, puedan ponerlo en marcha”.
No en vano, no todos están de acuerdo con esta modificación que ya esboza la Consejería, pues como declara el secretario provincial de COAG, Francisco Garrido, “nosotros somos contrarios al voto ponderado, pues seguimos defendiendo que un hombre, un voto”.
En el trasfondo de este debate se esconde otro de los problemas estructurales de buena parte del mundo cooperativo andaluz: la gran disparidad de socios existentes, con porcentajes de actividad muy diferentes, y, por tanto, con distintos intereses.
Asimismo, este primer texto aboga por la necesidad de promover la mentalidad empresarial entre las cooperativas, mediante la profesionalización, entre otros aspectos, de sus órganos rectores, aunque de momento nada se dice de qué mecanismos se pueden utilizar para conseguir o asegurar estar mayor profesionalización.
En lo concerniente a la citada flexibilidad en la gestión, con trasvase de competencias de las asambleas a los consejos rectores, este primer borrador tampoco deja cerrado el posible nuevo reparto de funciones entre los órganos rectores.
“Algo que también venimos demandando –recuerdan desde FAECA–, sobre todo en lo concerniente a decisiones secundarias o que no son de especial relevancia para las cooperativas, que podrían pasar a los consejos rectores, con lo que se ganaría en rapidez y agilidad. Siempre garantizando, claro está, que las cuestiones importantes, como por ejemplo las fusiones, sigan siendo competencia de las asambleas”.
Tema éste el de las fusiones que también aborda indirectamente este borrador, al indicar la necesidad de “favorecer y facilitar los procesos de concentración, cooperación o fusión entre cooperativas”, con vistas a concentrar aún más la oferta y a los productores, consiguiendo así que las cooperativas puedan ganar en tamaño y dimensión para hacer frente a la gran concentración registrada en la distribución, que desde su posición dominante sigue marcando los precios.
Integración y fusiones
Sin embargo, nada dice de aspectos como los casos de fusiones con cooperativas de otras regiones, y ni de las cortapisas que actualmente se dan para el caso de absorciones o para cooperativas con gran volumen de facturación, ya que si se superan determinados tope, algunas cooperativas –que en Córdoba se dan sobre todo en el sector ganadero y aceitero–, no pueden acceder a las ayudas con las que la Junta pretende impulsar este proceso de concentración de la oferta.
En esta línea, y según explican los responsables de varias sociedades cordobesas, actualmente la Junta concede su apoyo para esta concentración, sobre todo para conformar cooperativas de segundo grado –formadas por varias cooperativas de base– o comercializadoras; pero se olvida de apoyar, por ejemplo, en el caso de fusiones por absorción, que podrían llevarse a cabo sobre todo en el sector aceitero, según señala el presidente provincial de la patronal agraria ASAJA, Ignacio Fernández de Mesa.
Máxime teniendo en cuenta que sigue existiendo el contrasentido de que en algunos municipios hay dos o tres cooperativas pequeñas que si se quieren unir aprovechando estas ayudas, deben seguir manteniendo, por ejemplo, sus propias estructuras, para ir a una entidad de segundo grado.
“Dada la situación del sector, y máxime en el contexto actual de crisis en el que nos movemos, la reforma debe favorecer mucho más la concentración cooperativa”, afirma Ignacio Fernández de Mesa.
Sin comentarios para el sector
Sobre todos estos asuntos y los objetivos de la reforma, este semanario intentó recabar la valoración tanto de la delegada provincial de la Consejería de Innovación, Sol Calzado, como de la propia directora general de Economía Social y Emprendedores de esta Consejería, Ana Barbeito; pero ambas declinaron hacer cualquier tipo de valoración.
De igual forma, se habló con responsables de la Consejería de Agricultura, que lógicamente confirmaron conocer este primer borrador, pero remitieron cualquier comentario a Innovación.
En todo caso, y a falta de una mayor concreción en la reforma que quiere plantear la Junta, Rafael Sánchez de Puerta indica que, de cara a una mayor agilidad y flexibilidad de funcionamiento, el sentido de la reforma debería ir encaminado a que las cooperativas “se pudieran regir más por sus propios estatutos y menos por la ley”, poniendo así el acento en la excesiva rigidez de la normativa actual, a juicio del sector.
Algo que, a tenor de este primer borrador y del tiempo que la Junta está tardando en aprobar la reforma, parece lejos de ser una realidad; a pesar de que todos señalan que el cooperativismo agrario necesita cambios estructurales.
En concreto, el debate sobre esta reforma comenzó a plantearse a mediados de 2006, momento en el que el sector cooperativo andaluz empezó a pedir cambios para luchar mejor en un mercado en el que cada vez se registraba una mayor concentración de la distribución. Fue entonces cuando el por entonces consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, entró en el debate y anunció la reforma para “finales de la legislatura”, es decir, principios de 2008.
Sin embargo, las elecciones de 2008 pasaron, y el nuevo consejero, Martín Soler, tomó el relevo, anunciando cambios para ese mismo año y, posteriormente, “para los primeros meses de 2009”.
En abril de este año llegaría un nuevo relevo al frente de Agricultura, como consecuencia del cambio de Gobierno regional registrado tras la marcha de Chaves a Madrid, y donde fue nombrada consejera Clara Aguilera, pasando Martín Soler a Innovación. Al respecto, Clara Aguilera apenas ha hablado de plazos públicamente, pero el propio Martín Soler afirmó en mayo que la nueva ley estaría aprobada “para el próximo otoño, antes de que termine 2009”. El enésimo plazo incumplido, habida cuenta de que el texto aún está lejos de estar en trámite de aprobación.
